La idea del partido-Estado

En julio de 1988, mientras se contaban los votos de la elección presidencial más competida en la historia moderna de México, los funcionarios del gobierno anunciaron que "se callo el sistema". Y de alguna forma no era mentira, el sistema político que había gobernado México durante casi seis décadas sin competencia real comenzaba a mostrar sus fisuras. Cuando los resultados oficiales volvieron a aparecer, Carlos Salinas de Gortari había "ganado". Cuauhtémoc Cárdenas, que según múltiples testimonios lideraba el conteo cuando las computadoras fallaron, fue declarado perdedor. Dos años después nació el Instituto Federal Electoral.

El IFE —transformado en el INE en 2014— fue la institución que México construyó para que 1988 no volviera a ocurrir. Fue el producto de una transición negociada: el PRI cedió control sobre el arbitraje electoral a cambio de mantener el control sobre casi todo lo demás. El partido que hoy tiene mayoría en el Congreso, Morena, fue fundado en parte por quienes marcharon contra ese fraude. Su predecesora directa, el PRD, nació del movimiento de resistencia de Cárdenas. 

La reforma que Claudia Sheinbaum presentó al Congreso en 2025 disgnostica problemas reales. El sistema electoral mexicano es caro: el INE administra un presupuesto de miles de millones de pesos anuales, los partidos reciben financiamiento público generoso en un país donde esos recursos hacen falta en otro lugar, y la estructura burocrática del árbitro electoral se replica en 300 oficinas distritales cuya utilidad es, cuando menos, discutible. La propuesta de reducir ese presupuesto en 25%, recortar las oficinas del INE de 300 a 264, limitar el salario de los líderes de partido y reducir el tiempo asignado a publicidad política no son, en sí mismas, ideas descabelladas.

El problema está en lo que la reforma coloca junto a estas medidas de austeridad: la eliminación o reducción sustancial de la representación proporcional. La representación proporcional en México no es un privilegio para los partidos minoritarios. Es el mecanismo que evita que el sistema de mayoría relativa convierta victorias electorales modestas en supermayorías parlamentarias sin respaldo popular. En 2018, Morena y sus aliados obtuvieron el 43.5% de los votos pero ilegalmente obtuvieron sobre represnetacion en la cmara de diputados, la reofrma propone basicamente hacer este proces ocompletamente legal y asegurar que no exista forma de retar a un partido hegemonico.

A Morena se le dio un mandato para administrar un gobierno federal y propopner leyes en represnatcion de lagunos sectores de la poblacion pero parecen haber entendido que el pueblo de mexico le otorgo un poder monarquico totali6tario osbre la nacion.

El PRI no fue simplemente un partido que ganó elecciones durante 71 años. Fue una arquitectura de gobierno que convirtió a las instituciones del Estado en extensiones del proyecto partidista. Las elecciones no eran el momento en que los ciudadanos decidían quién los gobernaba: eran el ritual mediante el cual el partido exhibía su capacidad de movilización y legitimaba hacia afuera lo que ya había decidido hacia adentro.

Esta arquitectura no se destruyó en el año 2000. Se transformó. La transición democrática mexicana fue pacífica, institucional y, también, incompleta: no desmanteló las estructuras del partido-Estado, simplemente las abrió a la competencia entre partidos. Morena es hija política de esta historia. No porque sea corrupta de la misma manera que el PRI (su diagnóstico de la corrupción sistémica priista fue, en muchos aspectos, correcto aunque eso no borra su propia historia de corrupcion) sino porque comparte con el PRI la idea de que el partido es el vehículo primario de la representación política.

el sistema hegemónico mexicano no fue un accidente histórico ni el resultado simple de la ambición de unos pocos hombres malvados. Fue una solución a un problema y durante un tiempo funcionó. El México posrevolucionario era un país militarmente fragmentado y políticamente violento. El presidente Álvaro Obregón fue asesinado en 1928, justo después de ganar la reelección. La Guerra Cristera (1926-1929) mató a más de noventa mil personas. En la década anterior hubo múltiples rebeliones militares: la delahuertista en 1923, la escobarista en 1929. Los caudillos regionales controlaban ejércitos propios y convertían las elecciones en pretextos para alzamientos armados cuando perdían.

Fue en este contexto que Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario en 1929 declarando que México debía pasar de la "condición histórica de gobierno de hombre a gobierno de instituciones y leyes". El partido fue el mecanismo de esa transición. Convirtió la lealtad militar en lealtad partidista. Convirtió al caudillo armado en político profesional. Convirtió los alzamientos en disputas internas que se resolvían con el dedazo presidencial en lugar de con balas. La presidencia fuerte era el fulcro que hacía posible todo, era lo suficientemente poderosa para imponerse sobre cualquier facción, y lo suficientemente institucional para que la sucesión ocurriera de manera ordenada. El no-reeleccionismo era la válvula de seguridad: nadie se quedaría para siempre, lo que reducía el incentivo de los perdedores a rebelarse.

El sistema funcionó. México tuvo décadas de estabilidad política y crecimiento económico sostenido. Ningún golpe de Estado exitoso. Ninguna guerra civil. El llamado "milagro mexicano" entre 1940 y 1970. La subordinación judicial, la disciplina legislativa, el control presidencial de los partidos: todos eran los engranajes de una máquina diseñada para producir estabilidad en una sociedad que insistia en destruirse a sí misma.

Para los años sesenta, el ejército estaba plenamente subordinado al poder civil, no había caudillos regionales con capacidad de alzamiento, y la violencia política organizada ya no provenía de facciones militares sino del propio Estado. La masacre de Tlatelolco en 1968 fue la evidencia más brutal de esto: el aparato de violencia que la presidencia fuerte había construido para contener el caos posrevolucionario ahora se usaba contra los ciudadanos que pedían representación real. La justificación original había caducado pero el modelo seguía en pie. El problema con el sistema presidencialista mexicano no es que fuera malo desde el origen. Es que fue bueno para un propósito específico, en un contexto específico, y que ese propósito y ese contexto desaparecieron hace cincuenta años sin que el diseño institucional los acompañara en su salida. México necesita hoy un sistema construido para las condiciones que tiene, no para las condiciones que tuvo en 1929.

La división de poderes que nunca fue

El Congreso como cámara de ratificación

La Constitución de 1917 establece formalmente un sistema de tres poderes independientes. En la práctica, de 1929 a 2000, sólo existió uno en funciones reales: el ejecutivo. El Congreso mexicano bajo el PRI no era un poder legislativo en ningún sentido real: era la cámara de ratificación del ejecutivo. Los legisladores priistas sabían que su carrera política dependía de la lealtad al presidente en turno, porque el presidente controlaba la nominación de candidatos (el dedazo se ejercía en todos los niveles, no sólo en la presidencia) y porque el presupuesto que financiaba los proyectos en sus distritos lo controlaba el ejecutivo. Disentir era suicidio político. El resultado era una legislatura que aprobaba iniciativas con modificaciones cosméticas y que existia para dar la ilusion de democracia mas que para ejercela.

La transición democrática rompió esta estructura parcialmente. El período 1997-2000, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez, produjo la primera legislatura realmente deliberativa en la historia moderna de México. Los gobiernos divididos de los años de alternancia crearon un equilibrio genuino que a veces producía bloqueo pero también producía negociación real.

El presidente y la Suprema Corte

La relación entre la presidencia y el Poder Judicial fue aún más explícita en su subordinación durante el período hegemónico: el presidente proponía una terna de candidatos para cada vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Senado la aprobaba por mayoría de dos tercios. En un sistema con genuina independencia legislativa, este mecanismo puede funcionar razonablemente bien, es similar en principio al que opera en Estados Unidos donde funciona de manera acpetable en la mayotia de ocaciones pero incluso ahi hemos visto los limites etsructurales de este modelo. En un sistema donde el Senado era controlado por el mismo partido que el presidente, era como con muchas cosas ,sencillamente ratificar la decisión presidencial. Los ministros de la SCJN no tenían independencia institucional porque no tenían una base de poder independiente del acuerdo político que les había dado el cargo.

La reforma judicial de 1994 fue el primer intento serio de romper esto. Ernesto Zedillo redujo la Corte de veintiséis a once ministros, estableció mandatos fijos de quince años no renovables y amplió significativamente la jurisdicción de la Corte en materia de controversias constitucionales. No fue una reforma perfecta ni produjo una corte plenamente independiente, pero funcionó: la SCJN bajo este esquema llegó a bloquear iniciativas del propio AMLO en materia energética, a declarar inconstitucionales leyes aprobadas por el Congreso, a emitir sentencias que el ejecutivo no quería. En otras palabras, lo que una corte debe hacer.

La reforma judicial de 2024 invirtió este proceso. El argumento oficial fue que el sistema de ternas presidenciales perpetuaba el control del ejecutivo sobre el poder judicial y que la elección popular lo democratizaría. El argumento tenía un elemento de verdad: el sistema de ternas sí fue instrumento de control presidencial bajo el PRI. Pero el análisis ignoró el hecho de que la reforma de 1994 ya había atenuado ese problema de manera significativa, y que la solución propuesta no eliminaba el control presidencial sino que lo transfiguraba. Bajo el sistema reformado, los candidatos a ministros son preseleccionados por comités designados por el presidente, el Senado y la propia Corte. Con Morena controlando la presidencia y el Senado, y con una Corte en proceso de renovación, la preselección es también una decisión del partido gobernante. El resultado: los nueve ministros que tomaron posesión en septiembre de 2025 fueron todos propuestos por comités controlados por Morena, y todos ganaron elecciones con una participación del 13% del padrón (dificilmente podriamos decir que es un ejemplo de gobierno democratico cuando la mayoria de la pobhlacion no voto por ellos). El mecanismo cambió; la subordinación se profundizó.

El problema constitucional de fondo

En Mexico existe un problema de diseño constitucional que antecede a Morena y a quien sea que venga depsues. la Constitución mexicana concentra en el ejecutivo el control sobre los instrumentos que deberían limitarlo. El presidente controla el presupuesto que financia al Congreso. El presidente proponía a los ministros de la Corte que podían invalidar sus decisiones. El presidente es el líder de facto del partido que en periodos hegemónicos controla todo lo anterior simultáneamente. Esta concentración fue funcional cuando el objetivo era estabilizar un país en conflicto armado constante.

La reforma electoral genuina no puede limitarse a cambiar cómo se vota o cómo se financian las campañas. Tiene que atacar el diseño de la concentración de poder ejecutivo, porque sin eso cualquier árbitro electoral y cualquier mecanismo de representación operará bajo la sombra de una presidencia que tiene instrumentos para subordinarlos cuando la coyuntura lo favorece. La historia del INE, de la SCJN y del Congreso mexicano es la historia de instituciones construidas para aparentar independencia mientras el diseño constitucional de fondo garantizaba su eventual subordinación al ejecutivo en turno.

Representación como filosofía política

Hay una confusión conceptual en el centro de este debate que hace posible presentar una reforma que consolida el poder como una reforma democratizadora. La confusión es entre eficiencia electoral y representación democrática. La primera es la capacidad de administrar procesos electorales a bajo costo, con rapidez y resultados claros. La segunda es la capacidad del sistema para traducir las preferencias políticas de la ciudadanía en poder político real. Un sistema puede ser muy eficiente en administrar elecciones y pésimo para representar a quienes votan en ellas. El PRI administraba elecciones de manera muy eficiente. El sistema era predecible, ordenado, relativamente barato, pero no rperenstaba los deseos relaes del pueblo.

La pregunta que la reforma de Morena no responde es cómo un sistema con menos representación proporcional, con un árbitro más dependiente del Congreso y con un Poder Judicial ya alineado con la mayoría gobernante garantizará que las elecciones futuras reflejen la voluntad de los mexicanos y no solamente la voluntad de quien controla las instituciones en el momento en que se realizan. La democracia no es solamente el procedimiento mediante el cual se nombran gobernantes. Es el conjunto de condiciones que hacen posible que esos gobernantes puedan ser desplazados cuando la ciudadanía lo decida.

Cualquier reforma electoral seria tiene que partir de tres preguntas: ¿qué necesita un votante para que su voto cuente? No para que su partido gane, sino para que su preferencia se traduzca en poder real. ¿qué necesita un ciudadano para poder presentarse como candidato sin estar en deuda con una élite partidista antes de ganar su primer voto? y ¿cómo se evita que el dinero compre elecciones sin que el Estado termine siendo el único proveedor de legitimidad política?

Estas preguntas corresponden a dimensiones del diseño electoral que operan de manera interdependiente: la fórmula de votación, la regulación de los partidos, y el financiamiento de las campañas. A estas hay que agregar dos condiciones institucionales que determinan si cualquier diseño funciona: quién vota y quién organiza las elecciones. A las cinco hay que agregar una condición constitucional previa: que el poder ejecutivo no tenga los instrumentos para subordinar a los demás cuando el resultado le conviene. Las seis dimensiones se articulan a continuación como sistema coherente, porque ninguna pieza funciona sin las demás.

El problema del voto único

El sistema de mayoría relativa que México usa en los distritos uninominales produce tres efectos estructurales que ninguna austeridad presupuestal resuelve. Primero, obliga al voto estratégico: el elector que prefiere al candidato del partido C sabe que si vota por C probablemente pierde su voto, así que vota por A para evitar que gane B, aunque no le convenza A. El resultado es que las preferencias reales de los votantes desaparecen del registro electoral. Segundo, concentra el poder en los partidos grandes al castigar a cualquiera que no tenga la maquinaria para ganar en mayoría en múltiples distritos. Tercero, crea ganadores sin mandato: quien gana con 35% en un distrito de cuatro candidatos representa en realidad la preferencia de menos de un tercio de sus electores.

El voto preferencial para distritos uninominales

El voto preferencial (conocido internacionalmente como Alternative Vote o Instant Runoff Voting) resuelve el problema del voto estratégico sin eliminar la conexión entre representante y distrito. Los electores ordenan a los candidatos por preferencia en lugar de marcar una sola opción. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos en primera preferencia, el candidato con menos votos es eliminado y sus boletas se redistribuyen según la segunda preferencia de cada votante. El proceso se repite hasta que alguien supera el 50%. El ganador siempre tiene respaldo mayoritario del electorado.

El efecto más importante del voto preferencial no es matemático sino político: cambia los incentivos de campaña. En un sistema de voto único, un candidato maximiza su resultado movilizando a su base y atacando al adversario para suprimir su voto. En un sistema preferencial, un candidato que sólo tiene el apoyo entusiasta del 30% pero que es aceptable para el 60% restante puede ganar. Esto premia el apelo amplio sobre la polarización. No es casualidad que los países con sistemas de voto preferencial tiendan a tener campañas menos destructivas y más orientadas a propuestas.

Distritos plurinominales con voto transferible: el modelo irlandés

Para los escaños de representación proporcional, Irlanda ofrece el modelo más sofisticado disponible: el Voto Único Transferible en distritos plurinominales de entre tres y cinco escaños. Los electores votan en distritos regionales que eligen a múltiples representantes usando el mismo mecanismo de preferencias ordenadas. El resultado es matemáticamente proporcional (en Irlanda, el partido más grande históricamente no ha recibido más del 6% en exceso de lo que le correspondería por su porcentaje de voto) y al mismo tiempo mantiene la conexión entre representante y territorio. La ventaja sobre el sistema de listas cerradas que opera en México es que los electores no votan por un partido y aceptan a quien la cúpula puso en la lista. Votan por personas concretas, pueden mezclar candidatos de distintos partidos, y el orden de elección dentro del mismo partido lo determinan los electores, no los dirigentes.

El ballotage para cargos ejecutivos

Para la presidencia, las gubernaturas y las presidencias municipales, el sistema de voto único es particularmente problemático porque concentra el poder ejecutivo en manos de alguien que puede haber sido rechazado por la mayoría del electorado. Francia adoptó en 1965 el sistema de segunda vuelta para la presidencia: si ningún candidato obtiene más del 50% en primera ronda, los dos con más votos compiten en una segunda elección dos o tres semanas después. El resultado es que el presidente siempre tiene mandato mayoritario.

El efecto político del ballotage es más interesante que el aritmético. Entre la primera y la segunda vuelta, los candidatos eliminados emiten recomendaciones de voto a sus seguidores. Las coaliciones se negocian con transparencia pública; los candidatos de segunda ronda deben ofrecer algo a los electores del tercero y del cuarto para obtener su apoyo. El resultado final refleja no sólo la preferencia del más popular sino la aceptabilidad del ganador para un electorado más amplio. México con ballotage habría tenido dinámicas muy distintas en 2006 y en 2018, no necesariamente diferentes ganadores, pero sí diferentes mandatos y diferentes compromisos.

El partido como propiedad privada

La ley mexicana define a los partidos políticos como entidades de interés público, sujetos a financiamiento estatal y obligados a cumplir con ciertas normas de transparencia. En la práctica, varios partidos han operado como empresas familiares o como vehículos personales de sus fundadores. El Partido Verde Ecologista de México fue fundado por Jorge González Torres en 1986 y ha sido dirigido por su familia durante décadas. El propio Morena fue diseñado alrededor del liderazgo personal de López Obrador, quien designó candidatos en múltiples cargos.

Si la ley no especifica qué debe hacer un partido para merecer el nombre y el financiamiento de entidad política democrática, los partidos se organizan como sus fundadores consideren conveniente. Alemania ofrece el modelo más desarrollado de regulación interna de partidos. La Ley de Partidos Políticos alemana (Parteiengesetz), vigente desde 1967, establece que la organización interna debe conformarse a principios democráticos, que los miembros deben tener derechos de voto iguales en los órganos del partido, y que un partido que no cumpla estos principios puede ser disuelto por el Tribunal Constitucional Federal.

Una ley mexicana de partidos debería establecer: mínimo de cincuenta mil miembros verificados con presencia en al menos dieciséis de los treinta y dos estados; dirigentes elegidos por voto directo de los miembros, no por delegados designados por la dirección; convenciones nacionales al menos cada tres años; límite de ocho años en el mismo cargo de dirección; prohibición de que familiares directos del presidente del partido ocupen los diez cargos de mayor jerarquía simultáneamente; procesos de selección interna auditables por el INE; y deregistración automática para partidos que obtengan menos del tres por ciento de la votación nacional en dos elecciones federales consecutivas.

Esta última regla existe en el sistema alemán y ha mantenido el parlamento libre de partidos sin respaldo real. Los recursos que actualmente sostienen a partidos fantasma irían a financiar mejor las campañas de quienes sí tienen presencia ciudadana. El PVEM y el PT, que sirven principalmente como partidos satélite de la coalición dominante sin identidad programática propia, serían los primeros sometidos a este escrutinio si la regla se aplicara con honestidad.

El problema estructural del financiamiento

El financiamiento de los partidos políticos en México tiene dos caras. La primera es el financiamiento público: el INE distribuye cada año miles de millones de pesos entre los partidos registrados. La segunda, menos visible pero igualmente determinante, es el financiamiento privado que fluye a través de canales con distinto grado de formalidad: donaciones en especie no declaradas, recursos de gobiernos estatales desviados hacia campañas federales, y el clientelismo que técnicamente no es financiamiento de campaña pero funciona exactamente como tal.

El problema no es que exista financiamiento público: es que no ha logrado desplazar al privado informal, porque las sanciones por financiamiento irregular son administrativas, lentas y rara vez resultan en consecuencias reales. El candidato que recibe financiamiento ilegal y gana la elección tiene el cargo mientras que la sancion puede tardar años. El costo esperado de la infracción es bajo; el beneficio potencial, enorme.

Nueva York ofrece el experimento más reciente y mejor documentado en financiamiento orientado a ciudadanos. La ciudad emparejaría ocho dólares públicos por cada dólar privado donado, con un límite de doscientos cincuenta dólares por donante. En el ciclo electoral de 2024, el 45% del financiamiento de campaña provino de pequeñas donaciones y los fondos públicos que las amplificaron, comparado con apenas el 5% en ciclos anteriores. Los candidatos que antes ignoraban a donantes pequeños porque una donación de cien dólares no movía la aguja, ahora tenían incentivos para buscarlos activamente porque cada cien dólares ciudadanos generaban ochocientos dólares adicionales.

Para México: seis pesos públicos por cada peso privado, con un límite de quinientos pesos por donante por ciclo, y un limite de financiamiento privado total que no supere el treinta por ciento del financiamiento público disponible para el candidato. Ninguna donación sobre cien pesos puede ser anónima. Prohibición total a personas morales, a quienes tienen contratos de gobierno, y a quien use recursos institucionales en campaña. Las violaciones deben ser constitutivas de delito, no sólo infracciones administrativas. Esto puede sonar como poco dinero, pero esta pensado toamndo en cuenta que mexico es un pais profundamente desigual y que, auqnque los financiamientos pequeños que resultarian de ello no darian para los grandes eventos de campaña y las millones de lonas, esto no reducieria la visibilidad debido a la siguiente propuesa.

El voto obligatorio

En elecciones intermedias, el ausentismo frecuentemente supera el 50%. Los ciudadanos de menores ingresos votan a tasas significativamente menores que los de mayores ingresos. El efecto es que las elecciones sistemáticamente sobrerepresentan las preferencias de los sectores más favorecidos, aunque el diseño formal del sistema dé el mismo peso a cada voto.

Australia adoptó el voto obligatorio en 1924. La participación saltó inmediatamente de alrededor del 60% a más del 91%, y se ha mantenido en esos niveles desde entonces. El efecto político fue medible: el Partido Laborista, el partido de los trabajadores, cuya base históricamente tenía las tasas de participación más bajas, aumentó su porcentaje de voto entre 7 y 10 puntos porcentuales. El gasto público en pensiones aumentó. La política australiana se movió hacia los intereses de quienes antes no votaban, porque ahora votaban.

El voto obligatorio no significa voto forzado en contenido, sólo en participación. Para funcionar en México debe ir acompañado de: simplificación radical del acceso —cualquier ciudadano vota en cualquier casilla de su municipio sin necesidad de sección electoral—; la opción "ninguno" disponible en todas las boletas como opción formal; y el sistema de voto preferencial descrito anteriormente, que hace que incluso quien no tiene una primera preferencia clara pueda ordenar candidatos de menos malo a más malo. El argumento de que el voto obligatorio produce votos sin información subestima la racionalidad de los votantes de bajos ingresos: la evidencia australiana muestra que votaron sistemáticamente por el partido que representaba sus intereses materiales.

El candidato y la cúpula

La manera en que un candidato obtiene su candidatura determina a quién le debe su carrera política. Un candidato designado por la dirección del partido debe a esa dirección su posición, su financiamiento inicial, su acceso a las redes del partido. Un candidato elegido por los ciudadanos en una primaria le debe a esos ciudadanos.

La elección presidencial de 2024 ofrece el caso más reciente y más documentado de lo que sucede cuando la oposición selecciona a su candidato mediante un proceso controlado por los liderazgos partidistas en lugar de por la ciudadanía. La coalición Fuerza y Corazón por México llevó a cabo un proceso de selección que llamaron "Frente Amplio" y que consistió en encuestas entre simpatizantes registrados y una negociación interna de los partidos sobre quiénes podían ser finalistas. El proceso redujo treinta y tres aspirantes iniciales a dos finalistas: Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, y Beatriz Paredes, histórica priista. Gálvez ganó la encuesta final con 59.4% contra 40.6% de Paredes. Este proceso no fue una primaria. Fue un sondeo de opinión entre bases partidistas controlado por los aparatos de los tres partidos, con finalistas preseleccionados por negociaciones internas. Santiago Creel, presidente del Senado y figura con trayectoria institucional reconocida, retiró su candidatura antes del proceso decisivo, en parte por presiones internas.

Es importante notar que aceptable para los tres partidos y capaz de ganar una elección nacional son cosas distintas. Gálvez tenía fortalezas: independencia de la maquinaria priista, origen que contrastaba con el perfil de las élites tradicionales, y el hecho de haber sido panista sin ser parte de la cúpula del PAN. Pero tenía debilidades estructurales igualmente significantes: en sus veintitrés años de trayectoria política sólo había ganado una elección por voto directo; su nombre era reconocido por entre el 60% y el 70% de la población y la coalición que la respaldaba era para muchos incoherente y antinatural: tres partidos con historias de conflicto entre sí, unidos exclusivamente por la oposición a Morena, sin una plataforma politica concreta.

El resultado fue una derrota de magnitudes históricas. Claudia Sheinbaum obtuvo el 59.35% de los votos; Gálvez, el 27.9%, una brecha que no se explica solamente por la popularidad de Sheinbaum sino también por las limitaciones de una candidata seleccionada para ser digerible por tres aparatos partidistas y no para resonar con un electorado amplio. Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano que compitió fuera de la coalición opositora, obtuvo el 10.41%: casi seis millones de votos de ciudadanos que querían votar contra Morena pero no estaban dispuestos a hacerlo a través de una coalición que en ningun momento mostro una propuesta ideologica real. si sus 5.8 millones de votos se hubieran sumado a los de Gálvez, la oposición habría llegado a 38.3%. Pero muchos votantes de Movimiento Ciudadano eligieron a Máynez precisamente porque no querían votar por una coalición que incluía al PRI, y en una elección sin Máynez no habrían votado por Gálvez sino por Morena o por ninguno. La derrota no fue de treinta y un puntos porque Máynez dividió el voto; fue de más de veinte puntos incluso sumando a Máynez, porque el candidato seleccionado por las cúpulas no representaba a la mayoría del electorado que teóricamente debía representar.

Especular tiene límites, pero hay algo que puede afirmarse con más certeza: un proceso de primaria abierta donde cualquier ciudadano registrado pudiera votar, donde todos los aspirantes de la oposición incluyendo los de Movimiento Ciudadano pudieran participar, y donde el resultado lo determinara la ciudadanía y no la negociación entre los secretarios generales del PAN, el PRI y el PRD— habría producido información que el proceso del Frente Amplio no produjo. Habría mostrado con precisión qué candidato tenía respaldo real en el electorado de oposición. Habría forzado a todos los precandidatos a hacer campaña ante ciudadanos en lugar de convencer a dirigentes. Habría creado un candidato con legitimidad propia, no con legitimidad prestada por un trío de aparatos políticos desprestigiados.

Primarias abiertas administradas por el Estado

Las primarias deben ser: obligatorias para todo partido con más del tres por ciento del voto en la elección federal previa; abiertas a cualquier ciudadano registrado, independientemente de su afiliación; celebradas simultáneamente para todos los partidos en una fecha única, noventa días antes de la elección general; financiadas con el presupuesto del INE; y sus resultados, vinculantes sin excepción salvo muerte, incapacidad o condena penal entre la primaria y la elección general.

La objeción más frecuente es el "raiding": votantes de otros partidos participan en la primaria de un partido con la intención de nominar al candidato más débil. Este argumento subestima la dificultad logística de coordinar ese tipo de operación a escala y exagera el daño que produce. Pero más importante: el argumento supone que los partidos tienen un derecho legítimo a controlar quién los representa, independientemente de lo que los votantes prefieran. Ese supuesto es exactamente el problema que se está tratando de resolver. Un partido que no puede ganar su propia primaria sin “protegerla” de la participación ciudadana general es un partido cuyos candidatos no tienen respaldo real. 

El árbitro rediseñado

El problema de gobernanza del INE

El INE tiene dos problemas distintos que frecuentemente se confunden. El primero es presupuestal: la institución es más cara de lo que debería ser, en parte porque replica infraestructura con los Organismos Públicos Locales Electorales en cada estado, creando una duplicación de funciones cuya racionalidad es difícil de defender. El segundo es de gobernanza: los consejeros son designados por el Congreso mediante un proceso negociado entre los partidos con representación parlamentaria, lo que crea desde el origen una captura política de la institución que se supone debe arbitrar entre esos mismos partidos.

Los consejeros del INE mexicano deberían ser seleccionados mediante un proceso en dos etapas. En la primera, una comisión técnica integrada por los rectores de las diez universidades públicas más grandes del país, más cinco representantes de organizaciones civiles con trayectoria acreditada en derechos políticos, evalúa a los candidatos mediante concurso abierto y publica una lista de finalistas con sus calificaciones. En la segunda, el Senado confirma o rechaza a cada candidato con voto de dos tercios, sin capacidad de agregar candidatos propios. Los consejeros deben tener mandatos de nueve años no renovables, escalonados de modo que ninguna administración designe más de tres en su sexenio. El presupuesto del INE debe estar constitucionalizado como un porcentaje mínimo del gasto federal, inmodificable a la baja durante el año electoral.

La eliminación de los OPLES debe compensarse con oficinas regionales del INE nacional con jurisdicción estatal directa. Una Autoridad de Fiscalización Electoral autónoma, separada del INE, con presupuesto propio y magistrados designados por el mismo mecanismo pero con mandatos alternados, debe fiscalizar el financiamiento electoral con poderes reales: acceso a información bancaria con denuncia formal sustentada, capacidad de referir casos a la Fiscalía General, y facultad de imponer suspensión de financiamiento público como medida cautelar.

El costo que México no puede pagar

Morena argumenta que el costo de las elecciones en México es un escándalo que el país no puede seguir sosteniendo. Es un argumento efectivo porque es, en parte, cierto. El sistema electoral mexicano es caro. La burocracia del INE puede optimizarse. La duplicación con los OPLES es injustificable. Pero el costo real que México no puede pagar no es el costo de sus instituciones electorales. Es el costo de instituciones electorales que no funcionen.

La historia mexicana del siglo XX es la historia de lo que cuesta carecer de instituciones que garanticen elecciones creíbles: décadas de fraude sistemático, clientelismo como único canal de relación entre el Estado y la ciudadanía, y una transición democrática que tardó más de cuarenta años después de que empezara a ser demandada. El costo de ese periodo, de ineficiencia institucionalizada, corrupción estructural, capital humano que emigró, inversión que no llegó. es inconmensurablemente mayor que cualquier presupuesto razonable del INE.

Lo que este ensayo ha intentado describir no es una utopía. El voto preferencial existe en Australia, Irlanda y decenas de democracias más. El ballotage existe en Francia, Brasil, Portugal, Argentina y la mayoría de las democracias presidencialistas latinoamericanas. Las leyes de partidos con democracia interna obligatoria existen en Alemania desde 1967. El financiamiento con amplificación ciudadana existe en Nueva York y varios estados y países más. El voto obligatorio existe en Australia, Bélgica, Luxemburgo, Uruguay, Bolivia y Brasil. Las primarias administradas por el Estado existen en múltiples configuraciones en todo el continente americano. Los tribunales electorales independientes de la designación parlamentaria existen en Costa Rica. Ninguna de estas piezas es experimental: todas tienen evidencia sobre cómo funcionan, dónde fallan y cómo pueden mejorarse.

Lo que no existe, o existe sólo en fragmentos, es la voluntad política de implementarlas en conjunto, porque cada una de ellas reduce el control de los partidos sobre el proceso político y lo devuelve a los ciudadanos. Esa es, precisamente, la razón por la que los partidos que llegan al poder con promesas de reforma terminan produciendo reformas que fortalecen su posición.

Morena tiene razones históricas genuinas para desconfiar de las instituciones mexicanas. Muchas de ellas fueron construidas para servir al PRI y lo hicieron durante décadas. Pero la solución a instituciones que sirvieron a un partido no es construir instituciones que sirvan a otro. El presidencialismo hegemónico fue una respuesta racional a la violencia posrevolucionaria y a la fragmentación militar de los años veinte. Ese contexto no existe más. México no necesita una institución que garantice la estabilidad entre caudillos armados: necesita un sistema que garantice que los ciudadanos puedan cambiar a quienes los gobiernan sin que esos gobernantes puedan rediseñar las reglas del cambio.

La democracia que México todavía no tiene no es la democracia de Morena ni la del PRI ni la del PAN. Es una donde el voto expresa preferencias reales, donde los candidatos le deben su cargo a los ciudadanos y no a las cúpulas, donde el dinero privado no compra representación, donde todos votan y todos cuentan por igual, y donde las instituciones que organizan y arbitran ese proceso no pueden ser cooptadas por quien gobierna en el momento en que hay que usarlas.

Construir eso cuesta menos de lo que cuesta no tenerlo. México ya pagó esa factura una vez.